Este es otro caso en que la región y su gente, aquellos que deben soportar día a día las externalidades ambientales negativas de los proyectos, son sobrepasados por los intereses del gobierno central, de sus empresas u operadores políticos, que con su poder e influencia nos imponen proyectos que la comunidad rechaza, que entran en conflicto con normas ambientales vigentes y que carecen de una evaluación seria de sus reales beneficios para la región y la sociedad en su conjunto.

Escrito por Gerardo Castro - Candidato a Diputado por el Distrito 3

La contingencia ambiental suscitada en el Tatio ha puesto en evidencia lo mal que se están haciendo muchas cosas en nuestro país, afectándose en este caso la integridad de nuestro patrimonio ambiental, en una zona emblemática para el Norte de Chile e ícono del turismo nacional.

Llama la atención, para comenzar, cómo no se aplican normas de protección vigentes cuando está en juego un negocio que interesa a los gobernantes de turno. El Tatio es un área protegida donde este proyecto energético jamás debió haberse autorizado, y en eso hoy día existe consenso.

De nada valió, pues, que el Tatio fuera una zona de acuíferos que alimentan vegas y bofedales de la región de Antofagasta, identificada y delimitada por la DGA, en la cual supuestamente no se debería autorizar la exploración ni la explotación de aguas subterráneas, como lo estableció la primera modificación hecha al Código de Aguas recién recuperada la democracia, el año 1992.

De nada sirvió tampoco que el Tatio sea una de las cabeceras de la cuenca del río Loa, declarada agotada, como también de importes ríos que caen hacia el Salar de Atacama, aguas sobre las cuales existen derechos de agua propiedad ancestral de comunidades atacameñas, que gozan de la especial protección de la Ley Indígena, dictada en año 1994.

En fin, de nada sirvió que el Tatio fuera el hábitat natural de especies de flora y fauna protegidas por la ley, como vicuñas, vizcachas, llareta y muchas otras, ni tampoco de nada sirvió que el Tatio haya sido declara recientemente “zona de interés turístico nacional”, con miles de visitantes chilenos y extranjeros al año, protagonista de casi todas las campañas de promoción de la bellezas de nuestra patria.

Nada de eso valió en este caso, en que estuvo de por medio el interés de Enap y Codelco, empresas estatales cuestionadas en por sus excesivos costos y cuoteo político. El trabajo de una consultora ambiental ligada al hermano de ex ministro Ricardo Solari, pudo convencer al alcalde, a la gobernadora, al intendente y otras autoridades de la COREMA de Antofagasta, todas ligadas a la Concertación, llamadas a aplicar la ley y a cautelar el patrimonio ambiental de la región, que el proyecto energético no causaría impactos ambientales adversos y que correspondía autorizar el Estudio de Impacto Ambiental.

Pero pese a todas explicaciones dadas, ha sido tanta la evidencia del daño ambiental ocasionado, con estruendos y emanaciones subterráneas, así como tan clara la desprolijidad e incompetencia de la empresa titular del proyecto, imputada de una larga lista que incumplimientos ambientales, que han quedado al descubiertas esas malas prácticas de la coalición gobernante, que le están costando muy caro al país y que nos imponen la necesidad de hacer un cambio urgente.